Sánchez se salta la Ley del Gobierno al pedir a la UE que incluya el catalán como lengua oficial

La petición remitida por el Gobierno al Consejo Europeo para que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la Unión Europea (UE) -asumiendo así unas de las condiciones de Junts y ERC para facilitar a Francina Armengol la Presidencia del Congreso- sobrepasa las atribuciones de un Ejecutivo en funciones, según la Ley del Gobierno.

En concreto, el artículo 21 de dicha ley establece que «el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas». 

Según fuentes jurídicas consultadas, las atribuciones de un Gobierno en funciones se encuentran absolutamente limitadas, lo que cuestiona que pueda llevar a cabo medidas de este tipo.

Carta

A primera hora de este jueves, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dirigido una carta al Consejo Europeo, la institución que representa a los países de la UE y que España preside durante este semestre, para solicitarle que incluya este asunto en la agenda del próximo Consejo de Asuntos Generales, un encuentro que reúne a los titulares de Asuntos Europeos de los Estados miembros y se celebrará en Bruselas el 19 de septiembre.

En concreto, en la petición se solicita la modificación del reglamento que regula el régimen lingüístico de la Unión Europea para que se incluyan como oficiales las lenguas cooficiales en España.

Fuentes comunitarias anunciaron unas horas más tarde que ya se estudia el asunto, para decidir cómo incluir el debate en el orden del día, así como una eventual votación. Cabe recordar que el voto final debe superarse por unanimidad, lo que complica extraordinariamente el proceso.

Convertir el catalán, euskera y gallego en lenguas oficiales de la Unión Europea supondría traducir a estos idiomas no sólo los tratados y toda la documentación y legislación que se produzca a partir de ahora, sino también todo el acervo de los últimos 65 años de proyecto europeo, desde directivas a sanciones pasando por reglamentos o acuerdos interinstitucionales.

En la UE existen actualmente 24 lenguas oficiales, la mayoría, a raíz de la entrada de cada Estado miembro. El español, por ejemplo, adquirió la categoría en 1986.

En 2022, el Gobierno ya remitió al Parlamento Europeo una petición para que el catalán, el euskera y el gallego pudieran usarse en los plenos de la institución. La solicitud, no obstante, aún está a la espera de respuesta, pues la Eurocámara prepara un informe sobre las consecuencias que implicaría, en cuanto a recursos económicos y materiales.

«Hechos comprobables»

El registro de esta petición, a primera hora de la mañana, fue calificada en el independentismo como un «hecho comprobable» de la disposición del Gobierno a atender sus reivindicaciones. El propio Carles Puigdemont lo celebró en sus redes sociales: «El Reino de España, que en estos momentos preside el Consejo de la UE, ha solicitado a esta institución la incorporación del catalán, el euskera y el gallego en el listado de lenguas oficiales que constan en el reglamento 1/58. Es un hecho, no una promesa, que nunca había querido darse».

El ex presidente catalán prófugo ha añadido: «El calendario también está claro; el 19 de septiembre. Todos los precedentes de modificación de este reglamento se han aprobado por unanimidad, que es la regla fijada para que prospere. Pedro Sánchez dijo ayer que España se hace escuchar en Europa. Ahora que es el presidente del Consejo de la UE, y que es justamente esta institución la que tiene la competencia para modificar el reglamento (no es el Parlament, no es la Comisión), tiene una magnífica ocasión de demostrarlo».

La oficialidad del catalán es, no obstante, un asunto aparentemente menor entre las concesiones al separatismo. Sánchez se ha comprometido además a estudiar una ley de amnistía, que permita la impunidad a más de 4.000 «activistas», según el independentismo, condenados o multados por su participación en el procés. Como ha publicado OKDIARIO, esa amnistía ya está en marcha y Moncloa lleva tiempo trabajando en la fórmula jurídica para dotarla de un anclaje legal.